La Coordinadora Estatal de entidades de servicios sociales, migratorios, sanitarios, ocupacionales, socio culturales y de empleo del tercer sector es una entidad de base Federativa compuesta por Coordinadoras autonómicas, asociaciones singulares y redes de entidades con presencia en más de 7 CCAA del Estado y que se genera como respuesta a la necesidad de hacer sentir a las instituciones públicas y privadas la importancia de contar con voces alternativas, pequeñas y medianas entidades del sector y agentes que, aun trabajando desde lo local, tienen un impacto estatal que está siendo desaprovechado por las administraciones públicas.
Desde su última Asamblea General en el año 2021 la Coordinadora como Federación agrupa a las entidades a través de sus Coordinadoras o delegaciones territoriales siendo su epicentro la Comunidad de Madrid a través de la experiencia de más de cinco años de la Coordinadora del Tercer Sector en la Comunidad de Madrid y las redes de pequeñas y medianas entidades en Cataluña, estructuras fundacionales de la Federación como Coordinadora estatal.
La Coordinadora ejecuta sus acciones a través de un Consejo de Gobierno estatal que integra a las/os delegados/as de los territorios donde la Coordinadora cuenta con entidades miembro y/o que ha constituido representación propia, encontrándose actualmente en implantación el desarrollo de sus delegaciones provinciales y locales.
El mandato de la Coordinadora, como estructura Federativo, tiene como objeto desarrollar acciones para la promoción de los derechos de las PYMOS (Pequeñas y Medianas Organizaciones Sociales) así como hacer hincapié en la importancia de atender a todas las realidades de un tercer sector que, por su diversidad, no puede verse agotado en una única fórmula de desarrollo.
La Coordinadora no acepta entidades que no tengan la denominación de entidad sin ánimo de lucro así como que se comprometan a favor del respeto a la diversidad, la igualdad efectiva y el marco general de respeto y activismo social que, entendemos, debe presidir la actuación de un tercer sector que es algo más que un espacio de subcontratación o auxilio de la administración, aspirando a ser un espacio de validación de las políticas públicas que afectan a los colectivos vulnerables y realidades sociales a las que atendemos.